Acampar en Scarborough, Maine. Reunirse para la iglesia en Chincoteague, Virginia. O simplemente tomar una hamburguesa en Poopy’s Pub and Grub en Savanna, Illinois.

Cada una de estas actividades se convirtió en objeto de una demanda federal, ya que residentes, empresas e incluso legisladores desafiaron las órdenes de cierre del estado diseñadas para prevenir la propagación del nuevo coronavirus.

Los casos ponen a prueba dónde están trazadas las líneas de forma segura, ya que los gobernadores equilibran la protección de la salud pública con las libertades individuales. Los gobernadores dicen que las reglas estrictas salvan vidas, pero los críticos que se ven obligados a quedarse en casa o cerrar sus negocios calificaron los pasos de “draconianos” o los compararon con el “arresto domiciliario”. Las demandas se presentan cuando el presidente Donald Trump se ha hecho cada vez más crítico de las restricciones estatales, ha alentado las protestas en las capitales de los estados y ha instado a las iglesias a reabrir sus puertas a pesar de las restricciones.

Más de 1,300 demandas estatales y federales se han presentado sobre COVID-19, incluyendo 240 relacionadas con los derechos civiles, según Hunton Andrews Kurth, un bufete de abogados que sigue los casos.