Un grupo de defensa sin fines de lucro, parcialmente financiado por Big Tech, ha presentado una demanda contra la orden ejecutiva del presidente Donald Trump sobre los medios de comunicación social, marcando el primer gran esfuerzo legal de Silicon Valley para resistir el plan.

La demanda del Centro para la Democracia y la Tecnología acusa a la administración Trump de señalar a Twitter como castigo y de buscar “enfriar el discurso protegido constitucionalmente de todas las plataformas e individuos en línea”.

La demanda alega que la orden es inconstitucional bajo la Primera Enmienda. Fue presentada en Washington, DC, en la corte federal.

El CDT, que recibe fondos de las principales empresas de tecnología, incluyendo Facebook, Google y Twitter, dijo en un comunicado que la medida tiene por objeto proteger las plataformas tecnológicas que están tratando de proporcionar información precisa sobre cómo votar.

“Bloquear esta orden es crucial para proteger la libertad de expresión y continuar con el importante trabajo de asegurar la integridad de las elecciones del 2020”, dijo la presidenta y directora ejecutiva del CDT, Alexandra Givens.