Desde la muerte de George Floyd hace tres semanas, el papel del sistema de justicia penal de Estados Unidos se ha catapultado al primer plano de la conversación nacional, con miles de personas pidiendo cambios radicales en el sistema policial del país.

Los manifestantes han pedido a los líderes de sus comunidades que hagan responsables a los oficiales y que desfinancien los departamentos de policía, con la esperanza de que esos fondos puedan ser redirigidos hacia otros programas.

Y muchos líderes locales han respondido, firmando órdenes que cambian la forma de operar de los departamentos, prometiendo más reformas y actuando rápidamente en los incidentes de brutalidad policial que han surgido en las últimas semanas.

Pero a medida que la ira burbujea en algunas partes del país, algunos departamentos de policía de EE.UU. se enfrentan a sus propias crisis y algunos oficiales han optado por alejarse, en muchos casos afirmando estar consternados por el tratamiento de sus colegas que ahora están bajo un mayor escrutinio.

En Buffalo, Nueva York, casi 60 oficiales renunciaron al equipo de respuesta de emergencia por la suspensión de dos policías que fueron atrapados en un video empujando a un anciano manifestante al suelo.

En el sur de Florida, 10 oficiales renunciaron a la unidad SWAT de su ciudad por preocupaciones sobre la seguridad, diciendo que se sienten “restringidos por la politización de nuestras tácticas”.