Cuando Lisa Robertson solicitó una prueba de coronavirus para su hija atleta universitaria, un pediatra le recomendó una pequeña farmacia independiente en Arlington, Virginia.

La farmacia de Preston cobró 35 dólares por tomar una muestra de hisopo nasal y la envió a un laboratorio, Principle Diagnostics, para obtener resultados rápidos. El laboratorio facturó a su compañía de seguros 864 dólares, más de ocho veces lo que los Centros Federales de Servicios de Medicare y Medicaid reembolsan por las pruebas de COVID-19.

“Me quedé sin palabras”, dijo Robertson.

Su hija se enteró días después de que no tenía el coronavirus que causa COVID-19 y regresó a sus estudios y al equipo de fútbol universitario de la Universidad de Rice. Robertson se sorprendió de que su aseguradora, un plan de Blue Cross and Blue Shield con sólidos beneficios para empleados y jubilados federales, pagara el monto total, a través de un cheque que ella envió al laboratorio de Bethlehem, Pennsylvania.

“¿Por qué le costaría al laboratorio 864 dólares, y luego nuestro seguro pagó” la cantidad total, preguntó Robertson? “¿El laboratorio se está aprovechando de una situación y no está siendo regulado?”

Es una pregunta que se están planteando cada vez más. Se han administrado 85 millones de pruebas, y los mandatos del Congreso requieren que las aseguradoras paguen el costo total de las pruebas, no importa cuánto facturen los hospitales o los laboratorios. A medida que las pruebas de rutina se expanden a los lugares de trabajo, universidades y ligas deportivas profesionales, los laboratorios pueden haber encontrado un nicho lucrativo en medio de la pandemia.