La nueva pandemia de coronavirus está haciendo a muchos americanos más pobres y hambrientos. Padres e hijos de todo el país informan que se van a la cama con hambre. En California, decenas de miles de personas dependen ahora de los bancos de alimentos desde San Francisco a Los Ángeles y a San Diego, donde las colas de los coches que esperan se extienden por kilómetros. Frente a esta crisis, el estado debería proteger a los vulnerables y no tomar medidas enérgicas contra los desesperados.

Pero el 3 de noviembre, los votantes de California pueden aumentar el castigo por robar comida y otras necesidades. La Proposición 20, entre otras cosas, elevaría ciertos tipos de robos de delitos menores a potenciales delitos graves con sentencias más largas. Crearía penas más duras por robar en tiendas para personas con antecedentes penales. También crearía penas más severas para las personas que hurten con otra persona más de una vez, por ejemplo, si dos padres robaran pañales en dos ocasiones.

La Proposición 20 es un proyecto de ley amplio y duro contra el crimen con numerosas disposiciones, y sus nuevas reglas de robo no mencionan explícitamente la comida. Pero los vendedores de comestibles esperan claramente que afecte a las personas que roban comida, pañales y otras necesidades.

La Proposición 20 representa una especie de retroceso punitivo para California. Durante los últimos años, el estado ha sido un líder nacional en el trabajo de vaciar sus prisiones y reducir las penas por delitos de bajo nivel. La Prop. 20 desharía parte de ese progreso en un momento de extraordinaria vulnerabilidad social.

El uso del derecho penal para responder a la pobreza y la desesperación tiene un linaje político incendiario. En 1789, la furia por la escasez de alimentos ayudó a encender la Revolución Francesa. La Revolución Rusa también comenzó con las mujeres trabajadoras que se manifestaban en las calles por la comida. Los disturbios por el pan salpican las historias de países tan diversos como Inglaterra, Egipto y Venezuela.