Antes de que la pandemia COVID-19 golpeara, la madre soltera Alora Manny trabajaba en el tercer turno en un centro de cumplimiento de Amazon en Phoenix. Aunque tenía que viajar dos horas en autobús, pudo mantener a sus tres hijos y pagar los 1,248 dólares de alquiler mensual de su apartamento de una habitación cerca del centro.

A Manny, de 31 años, le encantaba su trabajo y ganaba entre 1,200 y 1,500 dólares por semana, a menudo haciendo horas extras. Pero cuando Phoenix implementó límites de pasajeros en el transporte público para evitar la propagación de COVID-19, el viaje de dos horas de Manny se convirtió en un viaje de cuatro horas algunos días. Esperaba en la parada del autobús, sólo para ver cómo los transbordadores pasaban por delante de ella porque estaban llenos. Después de llegar tarde al trabajo por quinta vez, Manny perdió su trabajo.

Se atrasó en las facturas y no pudo pagar el alquiler en agosto. Desesperada por ayuda, Manny acudió a las organizaciones de servicios sociales que le dijeron que no entrara en pánico porque una moratoria nacional sobre los desalojos le serviría de salvavidas. Presentó una declaración jurada en la que afirmaba que había perdido sus ingresos y se la presentó a su casero. Unas semanas más tarde le dijeron: “Tienes que irte”.

“No paraba de recibir notificaciones de desalojo en mi puerta”, me dijo Manny. “Llené todo mi papeleo. Hice lo que me dijeron que hiciera. Terminar sin hogar es tan devastador; nunca antes había estado en esta situación. Realmente no se me dio ni una oportunidad”.

Manny y sus hijos, Amelia, 13, Audrina, 12, y Robert Jr., 3, están ahora saltando de moteles baratos a los sofás de sus amigos porque los refugios de emergencia están desbordados con otros necesitados. Están tratando de sobrevivir con sus beneficios de desempleo: 218 dólares por semana.

Millones de estadounidenses como Manny están cayendo en desgracia durante esta crisis financiera inducida por la pandemia. Y no hemos visto lo peor. La moratoria de desalojo de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, que entró en vigor en septiembre, protege a los inquilinos que no han podido cumplir con sus pagos mensuales de ser arrojados a la calle y está previsto que expire este 31 de diciembre.