Susana Lay trabajó desde el amanecer hasta el anochecer junto a su abuelo mientras él vendía y reparaba máquinas de coser Singer en la ciudad de Nueva York. Ella era su “todera”, ayudando con cualquier cosa, desde cobrar facturas hasta limpiar los pisos de la tienda. Pronto, Lay pudo usar sus ahorros para comprar su primera casa a los 20 años.

Una propiedad se convirtió en seis, comprada junto con sus padres y hermanos en el transcurso de tres décadas.

Pero con COVID-19, sus inquilinos perdieron sus trabajos y no pudieron pagar el alquiler. Lay también se atrasó en los pagos de su hipoteca.

“Día a día, COVID está reduciendo todo lo que he construido”, dijo Lay, ahora de 54 años, que emigró de Venezuela con sus padres chinos a los EE.UU. después de la escuela secundaria.

En todo el país, los propietarios de casas están sufriendo. Supervisan la mayoría de los 48 millones de unidades de alquiler de la nación. Los caseros negros y latinos son los más afectados, y están recurriendo a la indulgencia a tasas más altas durante una pandemia que ha afectado desproporcionadamente a sus comunidades, ya que sus residentes no pueden o se han negado a pagar el alquiler en virtud de las moratorias de desalojo.

Un informe del Instituto Urbano encontró que aproximadamente el 12% de los propietarios con hipoteca están en indulgencia. De ellos, el 20% son negros y el 14% son latinos, en comparación con el 9% que son blancos.