Eso es lo que dijo Johanna Guzmán, cuando descubrió que estaba embarazada de su sexto hijo. Ella es una de las millones de mujeres en Venezuela que ya no pueden encontrar o pagar un método anticonceptivo. La situación ha empujado a muchas a tener embarazos no planificados, o abortos ilegales, y a veces mortales, en un momento en que apenas pueden alimentar a los hijos que ya tienen.

Está muy lejos de lo que el gobierno de Venezuela prometió a sus mujeres y niñas: el derecho constitucional a “decidir libremente” el número de hijos que una pareja deseaba tener.

Pero el control del presidente Nicolás Maduro sobre el país se ha endurecido hasta convertirse en un gobierno autoritario. En medio del colapso de la economía y el sistema de salud pública de Venezuela, el control de la natalidad está casi ausente de las clínicas del gobierno, y está disponible en las farmacias privadas sólo a precios prohibitivos.