El viernes, The Daily Beast informó de que docenas de empleados de la Casa Blanca de Joe Biden “han sido suspendidos, se les ha pedido que renuncien o se les ha colocado en un programa de trabajo a distancia” debido al consumo de marihuana en el pasado, a pesar de que se les había dicho previamente que el consumo anterior probablemente no los descalificaría.

The Beast atribuyó su informe a “tres personas familiarizadas con la situación”, y añadió que la política afectaba incluso a los empleados cuyo consumo de marihuana sólo se había producido en un estado (o distrito, en el caso del Distrito de Columbia) donde el uso de la hierba era legal.

Esto es una injusticia y está lejos de ser un incidente aislado. Más bien, la noticia es un ejemplo más de la hipócrita inclinación de esta administración por decir una cosa pero hacer otra cuando se trata de la política de drogas.

Ahora bien, para ser justos, desde que salió el reportaje de The Beast, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha tratado de restarle importancia, tuiteando un informe de NBC News de febrero en el que se afirmaba que la administración “no descalificaría automáticamente al personal para servir en la Casa Blanca”, y añadía que sólo cinco personas que habían empezado a trabajar en la Casa Blanca “ya no estaban empleadas como resultado de esta política”.