En todo Estados Unidos, las empresas, las escuelas y los políticos están considerando los “pasaportes de vacunación” -prueba digital de vacunación contra el coronavirus- como una vía para reactivar la economía y conseguir que los estadounidenses vuelvan a trabajar y jugar.

Nueva York ha puesto en marcha el “Excelsior Pass”, anunciado por el estado como “una forma gratuita, rápida y segura de presentar una prueba digital de la vacunación contra el virus Covid-19” en caso de que la reapertura de locales deportivos y de ocio requiera una prueba del estado de los asistentes.

Walmart está ofreciendo aplicaciones de verificación electrónica a los pacientes vacunados en sus tiendas para que “puedan acceder fácilmente a su estado de vacunación cuando lo necesiten”, dijo la empresa.

Pero la idea está suscitando interrogantes legales y éticos: ¿Pueden las empresas exigir a sus empleados o clientes que presenten una prueba de vacunación contra el coronavirus cuando la vacuna es aparentemente voluntaria?

¿Pueden las escuelas exigir a los estudiantes que demuestren que se han inyectado lo que todavía es oficialmente una profilaxis experimental, del mismo modo que exigen las vacunas aprobadas desde hace tiempo contra el sarampión y la poliomielitis? Y, por último, ¿pueden los gobiernos imponer la vacunación, o interponerse en el camino de las empresas o instituciones educativas que exigen pruebas?

Los expertos jurídicos dicen que la respuesta a todas estas preguntas es generalmente afirmativa, aunque en una sociedad tan dividida, los políticos se están preparando para la lucha. Entidades gubernamentales como los consejos escolares y el ejército pueden exigir la vacunación para entrar, prestar servicio y viajar, prácticas que se derivan de una sentencia del Tribunal Supremo de 1905 que decía que los estados podían exigir a los residentes que se vacunaran contra la viruela o que pagaran una multa.

Los partidarios de las tarjetas digitales de vacunación están presionando al gobierno de Biden para que se involucre, al menos estableciendo normas de privacidad y de verificación de la exactitud de los registros.

“El gobierno no está ahora ni apoyará un sistema que requiera que los estadounidenses lleven una credencial”, dijo Jen Psaki, la secretaria de prensa de la Casa Blanca.

Los críticos republicanos dicen que los pasaportes de vacunas plantean el espectro de bases de datos centralizadas de personas vacunadas, lo que consideran una intrusión del gobierno en la privacidad.

“Un pasaporte de vacunas -un sistema unificado y centralizado para facilitar o denegar el acceso a actividades cotidianas como ir de compras o a cenar- sería una pesadilla para las libertades civiles y la privacidad”, escribió en Twitter la semana pasada Justin Amash, ex congresista republicano que ahora es libertario.