Una norma de la era Trump prohibía a los proveedores de salud que recibían fondos del Título X, el programa federal de planificación familiar, ofrecer abortos o remitir a pacientes para que los practicaran. La regla, que ha sido ampliamente condenada por las asociaciones de atención médica, también requirió que las clínicas que recibieron fondos federales del Título X se separaran físicamente de las instalaciones que proporcionan abortos.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos ha propuesto un reglamento para anular la norma, que, según la agencia, ha “socavado la salud pública de la población a la que el programa debe servir”.

Tras un periodo de 30 días de comentarios públicos, el HHS podrá hacer definitiva su nueva normativa.