Entre los muchos agravios que alimentaron la ola de protestas más extendida que ha vivido Colombia en años -que incluía la reforma sanitaria, los subsidios a los trabajadores informales y la prohibición de la erradicación forzosa de la coca- destacan la brutalidad policial y los abusos de los derechos humanos que muchos manifestantes acusan a las fuerzas de seguridad del país.
Las reformas fiscales propuestas desencadenaron inicialmente las protestas, pero la respuesta de las fuerzas de seguridad también despertó una profunda desconfianza hacia ellas, lo que a su vez encendió un movimiento nacional aún no articulado.
Según Temblores, una ONG colombiana que hace un seguimiento de los presuntos abusos policiales, se han producido más de 1,800 casos de violencia policial desde que comenzaron las marchas el 28 de abril, junto con numerosos incidentes de policías que disparan gases lacrimógenos y balas de goma contra los manifestantes y que se han hecho virales en las redes sociales. Los datos se basan en una recopilación de informes de los medios de comunicación. Las fundaciones Open Society Foundations, con sede en Estados Unidos, se encuentran entre los apoyos financieros de Temblores.
