Cientos de miles de inmigrantes indocumentados traídos a EE.UU. cuando eran niños están de nuevo en el limbo después de que un juez federal en Texas dictaminara que un programa que los protege de la deportación es ilegal y bloqueara así nuevas solicitudes.

La situación de este grupo -que todos, salvo los más extremistas, están de acuerdo en que se les permita permanecer en EE.UU.- pone de relieve cómo la política de inmigración ha frustrado la elaboración de políticas sensatas durante años. El ex presidente Barack Obama dio el paso constitucionalmente controvertido de establecer un programa, conocido como Acción Diferida para los Llegados en la Infancia o DACA, que permitió a los miembros del grupo -conocidos como Dreamers- quedarse y trabajar en Estados Unidos.

Trump, que hizo de la demagogia sobre la inmigración una pieza central de su atractivo político, intentó y fracasó en su intento de que el Tribunal Supremo declarara ilegal el programa. Pero Texas, Alabama, Arkansas, Luisiana, Nebraska, Carolina del Sur y Virginia Occidental habían lanzado un nuevo desafío, en otro ejemplo de la forma en que los estados conservadores están tratando de frenar las medidas políticas liberales hechas a nivel federal.

Pero el fallo fue otro recordatorio de que los Dreamers son vulnerables a cualquier viento cambiante. Se habla de que los demócratas podrían intentar incluir protecciones legislativas para los afectados en los próximos proyectos de ley de presupuestos, pero no está claro si esa medida infringiría las normas de procedimiento del Congreso. Las actuales tensiones políticas en materia de inmigración, con los republicanos machacando a Biden por los flujos migratorios en la frontera sur, probablemente auguran que no habrá ninguna acción bipartidista para los Dreamers.

Significa meses más de ansiedad para personas -muchos de los cuales son ahora adultos, traídos a los Estados Unidos cuando eran niños- que efectivamente no han conocido otro hogar que Estados Unidos.