Belkys Peñate empezó a vender sus muebles y los de su marido antes de que el gobierno federal levantara la moratoria de desahucios COVID-19, que dura ya meses.

“Los dos estamos enfermos. No tenemos fuerza física para llevarnos las cosas si nos echan a la calle”, dijo Peñate, de 54 años, que dejó de pagar el alquiler cuando su leucemia y su asma crónica se agravaron durante la pandemia de COVID-19. El marido de Peñate, un agente de policía jubilado de 66 años, también está confinado en casa debido a una insuficiencia cardíaca crónica y a una enfermedad mental.

Su casero solicitó el desahucio en agosto. Lo único que les mantiene dentro de la casa es la moratoria federal.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades anunciaron el jueves una prórroga de 30 días de la protección federal para los inquilinos hasta el 31 de julio. La moratoria impide que los inquilinos que se retrasan en el pago del alquiler sean expulsados de la vivienda por motivos de salud pública en el marco de la actual pandemia de COVID-19. La orden en sí no elimina los costes de alquiler para las familias, lo que deja a millones de familias atrasadas en los pagos.