Se avecina otra batalla sobre si los hospitales públicos estarán obligados a ofrecer el procedimiento.

En cuanto la enfermera se enteró de que había abortado en casa, Fernanda García supo que estaba en peligro. La enfermera empezó a gritar que era una delincuente, que lo que había hecho estaba mal, que la enviarían a la cárcel.

“Me dijo que me iban a denunciar, que me iba a enfrentar a cargos”, dijo la Sra. García, que fue al hospital el mes pasado después de experimentar dolor y sangrado. “Nunca he sentido tanto miedo en mi vida”.

Cuando la Sra. García intentó marcharse, dijo que el personal médico se negó a devolverle sus pertenencias. Dice que cogió sus cosas y salió corriendo, pero que sigue temblando cada vez que suena el timbre, convencida de que la policía viene a detenerla. Dice que ha pensado en suicidarse muchas veces desde entonces.

Ahora, la Corte Suprema de México ha dictaminado que el aborto no es un delito, sentando un precedente nacional que pone al país en camino de convertirse en la nación más poblada de América Latina en permitir el procedimiento. Miles de personas se han enfrentado a investigaciones penales en los últimos años por interrumpir sus embarazos, y la decisión unánime del tribunal la semana pasada debería permitirles que se retiren los cargos, según los expertos jurídicos.