El gobierno de Biden ha anunciado cambios en el programa federal de condonación de préstamos estudiantiles que podrían ayudar a más de medio millón de prestatarios con trabajos en el gobierno o en el servicio público, como la enfermería o la enseñanza.

Con el sistema actual, los trabajadores del sector público que reúnan los requisitos necesarios pueden obtener la condonación de sus préstamos si realizan 10 años de pagos. Pero el sistema es notoriamente difícil de entender y utilizar. El gobierno de Biden hará muchos amigos si consigue facilitar el proceso. Pero ni siquiera eso servirá para solucionar el problema mayor: el desorbitado coste de la educación universitaria en Estados Unidos.

Muchos estadounidenses pasan toda su vida laboral tratando de pagar sus préstamos; el entonces presidente Barack Obama causó un gran revuelo en 2012 al revelar que él y su esposa Michelle no habían pagado sus préstamos universitarios hasta 2004, el año en que fue elegido senador y vio cómo se disparaban sus ingresos gracias a los beneficios de una autobiografía que empezó a saltar de las estanterías cuando se hizo famoso.

Por supuesto, el argumento es que las personas que obtienen títulos tienden a conseguir mejores trabajos y pueden permitirse pagar sus préstamos. Y no hay nada de malo en que los ciudadanos aventajados asuman el coste de su educación. Pero el coste de la universidad también ahuyenta seguramente a los estadounidenses menos ricos, lo que tiene grandes consecuencias para la movilidad social. Tampoco es bueno para la economía, ya que el poder adquisitivo de los graduados se ve lastrado por las enormes deudas que arrastran a lo largo de su vida.