El Departamento de Justicia debe ayudar a proteger a los funcionarios de salud pública de todo el país que han sido amenazados con violencia y acoso durante la pandemia, dijo un grupo que representa a casi 3,000 departamentos de salud.

La Asociación Nacional de Funcionarios de Salud de Condados y Ciudades escribió al Fiscal General Merrick Garland, solicitando que un reciente esfuerzo federal para proteger a los miembros de las juntas escolares, profesores y otros empleados de las escuelas se amplíe para incluir también a los funcionarios de salud.

Las amenazas, la intimidación y el acoso se han convertido en experiencias habituales para los funcionarios sanitarios locales. Muchos de los funcionarios dijeron que habían instalado cámaras de seguridad, que habían empezado a llevar spray de pimienta o que tenían patrullas de policía en sus casas.