La demanda, presentada en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Texas, argumenta que el presidente Joe Biden no tenía autoridad para negarse a gastar los fondos que el Congreso autorizó bajo la administración de Trump para ordenar la construcción del muro fronterizo.

Por lo tanto, argumentan los estados, el Departamento de Seguridad Nacional actuó sin autoridad al implementar la proclamación de Biden del 20 de enero para pausar la construcción del muro, “incluyendo la cancelación de los contratos celebrados con el propósito de construir el muro fronterizo.”

En una de sus primeras acciones en el cargo, Biden ordenó una pausa en la construcción del muro y pidió una revisión de los proyectos y los fondos.

Los estados alegan que la negativa del gobierno de Biden a gastar los créditos del Congreso en el muro permite que más migrantes entren y permanezcan en Missouri y Texas, lo que se traduce en un aumento de los costes para expedir permisos de conducir, ofrecer educación pública, proporcionar atención sanitaria y procesar y encarcelar a las personas en los sistemas de justicia penal de los estados.