Los desalojos están aumentando en todo el país. “No sabemos dónde está el límite”, dice un experto.

En Indianápolis, los tribunales de desalojo están abarrotados mientras los jueces se abren paso entre los casos acumulados durante un mes. En Detroit, los defensores se apresuran a llamar a las puertas de los inquilinos que se enfrentan a un posible desahucio. En Gainesville, Florida, los propietarios están presentando desahucios a un ritmo rápido, ya que los inquilinos desplazados recurren a los sofás de sus familiares para dormir o buscan alquileres más baratos fuera de la ciudad.

No se trata de la repentina oleada de desahucios que los inquilinos y los defensores temían después de que el Tribunal Supremo dictaminara en agosto que la prórroga de la moratoria de desahucios impuesta por el presidente Biden era inconstitucional. En cambio, lo que está surgiendo es una crisis de desahucios más gradual que está afectando cada vez más a comunidades de todo el país, especialmente a aquellas en las que la distribución de las ayudas federales al alquiler ha sido lenta, y en las que los inquilinos tienen pocas protecciones.