El presidente Biden llegó al cargo prometiendo hacer de la “reducción de daños” -un enfoque de salud pública orientado a ayudar a consumidores de drogas a mantenerse seguros en lugar de abstenerse- un pilar central de su programa de política de drogas, en un momento en que el fentanilo ilícito ha provocado aumento de las muertes por sobredosis.

En cambio, su estrategia corre el riesgo de descarrilarse por un drama en Washington sobre las “pipas de crack” que tiene más que ver con el juego político que con la salud pública.

Legisladores de ambos partidos introdujeron un paquete de leyes para prohibir la financiación federal de la “parafernalia de drogas” en respuesta a un artículo en el que se afirmaba que los programas de tratamiento de la adicción financiados por el gobierno federal distribuirían pipas para fumar crack como parte de los “kits de seguridad para fumar”. En respuesta, los funcionarios de la Casa Blanca dijeron que el dinero de los impuestos no se gastaría en pipas.

Pero con la historia del Beacon rebotando en el ecosistema conservador, el Congreso está llevando a cabo planes no sólo para prohibir la financiación federal de las “pipas para fumar crack”, sino para imponer restricciones a un nuevo programa que, por primera vez, habría permitido gastar fondos federales en agujas esterilizadas para programas de “servicios de jeringuillas”.