El gobierno de Biden ya no puede utilizar una norma de salud pública para justificar la expulsión de familias migrantes que cruzan la frontera sin documentación si al hacerlo se ven sometidos a persecución o tortura, según el fallo de un panel federal de apelaciones.

Al comienzo de la pandemia, la administración Trump recurrió a la oscura disposición de la ley de salud pública, conocida como Título 42, emitiendo una orden que otorgaba a los funcionarios fronterizos la autoridad para rechazar inmediatamente a los migrantes en la frontera suroeste, incluso si estaban solicitando asilo.

El gobierno de Biden ha mantenido la orden en vigor para todos los migrantes, excepto los niños que llegan a la frontera sin un padre o tutor. Los funcionarios han dicho que corresponde a los Centros de Control y Prevención de Enfermedades decidir cuándo se puede levantar la norma. La próxima revisión de la política por parte de la agencia será en abril.