El Salvador declaró el estado de emergencia, cuando las pandillas se lanzaron a matar el sábado, disparando al azar a vendedores ambulantes, pasajeros de autobuses y asistentes al mercado, marcando el día más sangriento registrado en el país desde el final de su guerra civil hace 30 años.

En la madrugada del domingo, el Parlamento de El Salvador aprobó el estado de excepción por 30 días, suspendiendo algunas libertades civiles garantizadas en la Constitución, flexibilizando las condiciones de arresto, restringiendo la libertad de reunión y permitiendo al gobierno interceptar las comunicaciones de los ciudadanos.

Los militares también empezaron a restringir quién podía salir y entrar en los barrios controlados por la conocida banda callejera MS-13.

Las medidas son un esfuerzo para frenar la violencia que mató al menos a 62 personas el sábado, un récord para el país de seis millones de habitantes, según funcionarios del gobierno.