El Congreso de México se dispone a votar una reforma constitucional promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador que desharía gran parte de la apertura del mercado de la energía eléctrica llevada a cabo por su predecesor. No está claro si López Obrador cuenta con los votos necesarios para impulsar la reforma. Pero Estados Unidos y otros países han expresado su preocupación de que la medida afecte a los inversores extranjeros y viole los acuerdos comerciales.

Antes de la reforma energética de 2013, México se enfrentaba a varios problemas: altas tarifas eléctricas, escasa capacidad de generación y centrales eléctricas sucias que a menudo quemaban combustible para producir electricidad. Así que el gobierno construyó gasoductos para importar gas natural estadounidense más limpio, permitió a las empresas comprar electricidad a generadores independientes y dio incentivos a empresas extranjeras y privadas para que instalaran turbinas eólicas o plantas de gas más limpias.

Las empresas privadas, principalmente de España y Estados Unidos, invirtieron miles de millones de dólares en México para construir plantas eólicas, solares y de gas bajo los términos de la reforma de 2013. Ahora, de repente, el gobierno quiere cambiar esas reglas.