El gobierno de México propuso una drástica revisión del sistema electoral de la nación y del organismo que lo supervisa, una de las instituciones más confiables del país. Reduciría el tamaño del Congreso y de las legislaturas estatales y haría que la junta electoral federal fuera elegida por los votantes, lo que podría añadir un mayor grado de política a lo que ha sido un organismo independiente.

La propuesta también reduciría la financiación federal de los partidos políticos y el gasto en elecciones en general, un objetivo reiterado del presidente Andrés Manuel López Obrador, que a menudo se ha enemistado con el Instituto Nacional Electoral.

Pero el camino para lo que seguramente será un controvertido paquete de reformas será difícil. El partido de López Obrador y sus aliados no cuentan con la mayoría de dos tercios en el Congreso necesaria para realizar cambios constitucionales. Los principales partidos de la oposición ya han dicho que se oponen a tales cambios.

Otra de las grandes reformas constitucionales propuestas por el presidente, la de la reforma del sector energético, no obtuvo los votos necesarios la semana pasada.

López Obrador pareció reconocer que es poco probable que las reformas propuestas sean aprobadas. Pidió al Congreso que estudie cada elemento de la propuesta, lo haga público y luego decida. Dijo que era su responsabilidad presentarla “aunque no se apruebe”.