Los legisladores republicanos están llevando a cabo una agresiva campaña que utiliza dinero público y la ley para presionar a las empresas que, según ellos, impulsan causas ambientalistas.

En Virginia Occidental, el tesorero del estado ha retirado el dinero de apoyo a BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo, porque esta empresa de Wall Street ha señalado el cambio climático como un riesgo económico.

En Texas, una ley prohíbe a los fondos de jubilación e inversión del estado hacer negocios con empresas que, según el contralor del estado, boicotean los combustibles fósiles. Los legisladores conservadores de otros 15 estados están promoviendo una legislación similar.

Y los funcionarios de Utah e Idaho han atacado a una importante agencia de calificación por considerar los riesgos medioambientales y otros factores, además del balance, a la hora de evaluar la solvencia de los estados.

En todo el país, los legisladores republicanos y sus aliados han lanzado una campaña para intentar frenar lo que consideran empresas activistas que intentan reducir los gases de efecto invernadero que están calentando peligrosamente el planeta.