El Estado acusó a Eli Lilly, Novo Nordisk y Sanofi, que controlan el 90% del suministro mundial de insulina, de inflar ilegalmente el precio de la insulina y generar una crisis financiera y de salud pública. También demandó a tres gestores de prestaciones farmacéuticas que gestionan el 80% del mercado estadounidense de insulina.

Los pacientes bien asegurados no deben pagar nada o un copago de 20 a 35 dólares al mes por la insulina. Los que no tienen seguro pueden tener que pagar cientos de dólares al mes. Según un estudio reciente, uno de cada siete usuarios de insulina en EE.UU. gasta más del 40% de su renta disponible en el tratamiento.