En toda China, muchos gobiernos locales están al borde de la insolvencia. Algunas ciudades han reducido el sueldo de los funcionarios.

Las ayudas del gobierno central son una posibilidad para rescatar a las ciudades de sus problemas presupuestarios, pero China no ha recurrido a una fuente de ingresos obvia en otros países: los impuestos sobre bienes inmuebles.

En China, el gobierno es propietario de la tierra y las localidades casi nunca cobran impuestos a los propietarios para financiar servicios como las escuelas.

El mes pasado, tras una década de esfuerzos en los que participaron 100,000 trabajadores, el gobierno central chino declaró que por fin había averiguado a quién pertenecían 790 millones de apartamentos y otras propiedades. Esto significa que los funcionarios de Pekín podrían poner en marcha un sistema nacional de impuestos sobre la propiedad. Pero no se espera que lo hagan rápidamente. Los obstáculos van desde los técnicos (sería complicado) hasta los económicos (perjudicaría a los propietarios en un momento delicado para el mercado inmobiliario) y los políticos (pondría en evidencia a los funcionarios que poseen muchas viviendas).