Estados Unidos quiere que el Gobierno mexicano cree instituciones sólidas para proteger los derechos de los trabajadores a medida que las empresas que buscan evitar interrupciones en la cadena de suministro en lugares de producción lejanos traen más empleos al país.

México ha empezado a beneficiarse del “nearshoring”, en el que las empresas tratan de acercar la producción al mercado estadounidense manteniendo unos costos competitivos.

El pacto tiene normas laborales más estrictas y apuntala nuevas leyes mexicanas que facultan a los trabajadores para presionar por mejores salarios y condiciones después de años de salarios estancados y contratos favorables a las empresas.

Los expertos afirman que, tras tres años de aplicación del acuerdo, algunos trabajadores han empezado a beneficiarse, pero aún queda mucho para que tenga un impacto generalizado.