El gobierno de Joe Biden ha tomado medidas para abordar el aumento de la llegada de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México. Se anunció el envío de 800 soldados adicionales para fortalecer la vigilancia y seguridad, sumando un total de 2,500 tropas en la zona.

Las tropas desplegadas se dedican a brindar apoyo a la Patrulla Fronteriza y no participan en la aplicación de la ley migratoria, que es responsabilidad de agentes federales del DHS.

Este anuncio coincidió con la ampliación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Venezuela, beneficiando a más de 472,000 venezolanos en Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno advierte que quienes no tengan una causa legal para permanecer enfrentarán consecuencias, incluida la deportación bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).

El aumento de migrantes ha llevado a un aumento en las solicitudes de asilo, con un récord de 180,065 casos en agosto. La mayoría de los inmigrantes enfrentan un proceso legal que decidirá su futuro en el país.

A pesar de los esfuerzos del gobierno, el desafío continúa, y los tribunales de inmigración luchan con grandes retrasos. El éxito de los programas de procesamiento regional y la situación de los migrantes indocumentados sigue siendo una preocupación.