Eduardo Sainz estaba en la puerta de una casa en Tucson, Arizona, animando a la familia que estaba dentro a votar cuando el joven y su madre le pidieron un favor que, según la ley actual del estado, le convertiría en un delincuente.

Sainz, director estatal del grupo de defensa de los latinos Mi Familia Vota, dijo que ni el joven, que estaba en una silla de ruedas, ni su madre tenían un coche o el tiempo necesario para enviar por correo sus papeletas antes de las elecciones a gobernador de Arizona en 2014. Le pidieron a Sainz que dejara sus boletas de camino a casa – y él aceptó.

“Marcó la diferencia entre la participación y que su papeleta se quedara en un estante y no se contara”, dijo Sainz, cuyo grupo recogió miles de votos en encuentros similares antes de que el estado prohibiera esas entregas. “Fue un conector con la democracia”.

Cinco años después de que Arizona criminalizara lo que los críticos llaman “recolección de votos”, y cuatro meses después de unas elecciones presidenciales en las que la práctica fue amargamente debatida, el Tribunal Supremo escuchará los argumentos en un par de casos que determinarán cuándo los estados pueden limitar el voto y, potencialmente, si una disposición de la Ley de Derecho al Voto de 1965 se mantendrá.

Veintiséis estados permiten a los votantes designar a un tercero para que entregue sus papeletas, aunque 12 de esos estados limitan el número de papeletas que una persona puede recoger, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales. Diez estados permiten que los familiares o cuidadores devuelvan las papeletas, pero no los grupos de terceros, como Mi Familia Vota.

Los partidarios dicen que la recogida de papeletas da derecho a los votantes de bajos ingresos que tienen varios trabajos o no pueden acceder al transporte. Los críticos ven la posibilidad de que se manipulen las papeletas y se intimide a los votantes, y señalan un informe bipartidista de 2005 en el que el ex presidente Jimmy Carter y el ex secretario de Estado James Baker recomendaban prohibirlo.