En el árido desierto chileno de Atacama, Tabita Daza Rojas intenta reunir el dinero suficiente para terminar la construcción de su casa antes de que llegue su bebé, que nacerá cualquier día.

A 800 kilómetros al sur, en La Pintana, un barrio de la capital, Santiago, Cynthia González amamanta a su hijo de dos meses. Pero necesita comprar leche para complementar el suministro de su cuerpo, y está preocupada por cómo podrá pagarla.

Rojas y González proceden de entornos diferentes, tienen vidas y ambiciones distintas. Sin embargo, ellas -y al menos otras 170 mujeres comparten una realidad común: todas afirman haberse quedado embarazadas mientras tomaban Anulette CD, una píldora anticonceptiva oral fabricada por Silesia, una filial de la empresa farmacéutica alemana Grünenthal.

Sin la opción de interrumpir legalmente sus embarazos, si así lo quisieran, ni ninguna responsabilidad real por parte del gobierno o de las empresas farmacéuticas, las mujeres, representadas por el grupo chileno de derechos sexuales y reproductivos Corporación Miles, se están preparando para presentar una demanda colectiva en los tribunales civiles.

En una región en la que las barreras a los derechos reproductivos de las mujeres son la norma, se ha identificado una agencia gubernamental de salud que se apresura a echar la culpa a estas mujeres, así como un historial de mala calidad de producción y problemas anteriores relacionados con los anticonceptivos orales en la fábrica chilena de Grünenthal, su puerta de entrada a América Latina.