Melissa Fisher preferiría ser despedida antes que recibir una de las vacunas COVID-19.

Ese escenario estuvo a punto de hacerse realidad. Fisher, una cuidadora de 53 años de Cleveland (Tennessee), y su empleador, un centro de vida asistida de la cercana Athens, están en un punto muerto sobre los requisitos de la vacuna.

Su estancamiento es un ejemplo de uno de los últimos enfrentamientos por el coronavirus que han surgido mientras el país navega por el segundo año de un brote mortal y la continua tensión entre las políticas de la pandemia y las libertades individuales.

Ella es una cristiana de santidad apostólica y dice que las vacunas COVID-19 van en contra de sus creencias religiosas. Pero Enlivant, la empresa con sede en Chicago que gestiona la comunidad de ancianos, espera que sus empleados se vacunen.

La cuestión de si los empleadores pueden exigir a su personal que se ponga una de las vacunas COVID-19 es una cuestión que mantiene ocupada a la abogada laboral de Nashville Rebecca W. Demaree.

Fisher cree que basta con llevar máscaras y guantes en el trabajo.

Pero Enlivant no está de acuerdo. El correo electrónico de recursos humanos dice que no estar vacunado es demasiado arriesgado y las principales autoridades dicen que las vacunas son la mejor manera de detener la propagación del coronavirus. La salud y la seguridad son fundamentales, dijo un portavoz de Enlivant.

A medida que se acercaba el 1 de junio, Fisher se mantuvo firme en su decisión de dejar que la empresa la despidiera.

El departamento de recursos humanos le envió otro correo electrónico explicándole que ampliaban el plazo de vacunación hasta el 1 de agosto.

Pero eso no sucederá. En su lugar, Fisher renunciará. Tiene un nuevo trabajo que comienza el 8 de junio.