Bajo la presidencia de Daniel Ortega, el país está a un paso de convertirse en un estado unipartidista. Las acusaciones de blanqueo de dinero contra su principal rival han aumentado la preocupación.

Los candidatos de la oposición han sido detenidos. Se han prohibido las protestas. Y los partidos políticos han sido inhabilitados.

A pocos meses de buscar la reelección, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha llevado a su país a un paso de convertirse en un estado unipartidista, reprimiendo a la oposición a un grado que no se había visto desde la brutal supresión de las protestas antigubernamentales en 2018, dicen los expertos.

Los agresivos movimientos del Sr. Ortega presentan un desafío inesperado para la administración de Biden, que ha hecho del fortalecimiento de la democracia en Centroamérica uno de los pilares de su política hacia la región.

La represión de Ortega alcanzó un punto de inflexión el miércoles, después de que su gobierno acusara a una de las principales candidatas de la oposición, Cristiana Chamorro, de lavado de dinero y “falsedad ideológica” y la pusiera bajo arresto domiciliario horas después de que anunciara sus planes de presentarse a las elecciones del 7 de noviembre. Otro candidato, Arturo Cruz, fue detenido el sábado por la policía por presunta “conspiración contra la sociedad nicaragüense”.