Shanon Singer-Mann no ha trabajado en el restaurante desde que el COVID-19 empezó a propagarse la pasada primavera porque su hijo padece una enfermedad pulmonar y tumores cerebrales.

Le preocupa que sea vulnerable a morir de una infección por coronavirus si se lo transmite.

Así que, en lugar de los típicos 600 a 700 dólares semanales que gana con su trabajo en un restaurante, ha estado dependiendo de unos 300 dólares semanales del programa federal de desempleo que el gobernador de Indiana, Eric Holcomb, terminó desde hace unos tres meses. Ella ya ha agotado su desempleo estatal.

Sin las prestaciones federales de desempleo por pandemia, muchos residentes de Indiana, como Singer-Mann, dicen que habrían tenido que elegir entre encontrar un trabajo y cuidar de sus hijos, enfrentarse a desahucios, renunciar a la atención médica y lidiar con devastadores reveses financieros que podrían hacer descarrilar sus vidas.

Estas historias de los residentes se describen en una demanda presentada contra los funcionarios del estado de Indiana en el Tribunal Superior del Condado de Marion, en la que se impugna la decisión del estado de poner fin a las prestaciones federales a finales de esta semana.