La cantante Shakira, acusada de fraude fiscal en España, trata de invalidar esta acusación a través de su defensa, argumentando que tenía un certificado de residencia permanente en Bahamas y que su presencia en España hasta 2015 no superaba el periodo que le obliga a pagar impuestos.
Según han informado a Efe fuentes jurídicas, un perito designado por la defensa de la artista colombiana y un inspector de la Agencia Tributaria española han comparecido ante el juzgado de Barcelona (España), donde se la investiga por defraudar presuntamente 14.5 millones de euros (unos 17 millones de dólares) entre 2012 y 2014.
El principal debate entre las partes era si el cantante vivía en España más de 183 días al año, el tiempo mínimo para adquirir la condición de residente fiscal.
La acusación se basa en los informes de la Agencia Tributaria, que sostiene que Shakira evitó el pago de impuestos al fisco español fingiendo no vivir en el país y ocultando sus ingresos a través de una estructura societaria con sede en paraísos fiscales.
Mientras que su defensa argumenta que tenía un certificado de residencia permanente en Bahamas durante los años investigados, una acreditación que los inspectores españoles no reconocen a efectos de residencia fiscal.
La cantante argumentó en su declaración ante el juez instructor que sólo visitaba la capital catalana ocasionalmente antes de 2015 por su relación con el futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué.
Shakira y el futbolista son pareja desde 2011 y tienen dos hijos, nacidos en 2013 y 2015.
Los fiscales acusan a Shakira y a su asesor fiscal en Estados Unidos de seis delitos contra el fisco, acusándoles de conspirar para evitar el pago de los impuestos que le correspondían utilizando un entramado de sociedades radicadas en paraísos fiscales que eran las propietarias formales de los ingresos que percibía.
Además, añade la querella, la intérprete firmó acuerdos con las autoridades fiscales luxemburguesas, conocidos como “tax rulings”, para obtener “condiciones fiscales específicas y privilegiadas” a pesar de que ya residía en España y tenía la obligación de pagar sus impuestos en ese país.
En total, la demanda cifra en 12.3 millones de euros (14.5 millones de dólares) la cantidad que debería haber pagado por el IRPF en 2012, 2013 y 2014 y en casi 2.2 millones de euros (2.6 millones de dólares) lo que debería haber pagado a la Hacienda autonómica de Cataluña por el patrimonio que tenía en esos años.
El caso sigue en discusión y la cantante ofrece su “absoluta disposición a colaborar” para resolver “la diferencia de criterios”, según un comunicado de su defensa.
