El presidente Biden ha hecho valer su autoridad ejecutiva para exigir las vacunas contra el virus Covid-19 a 100 millones de trabajadores estadounidenses, basándose en un conjunto de complicadas herramientas legales que pondrán a prueba el poder -y los límites- del gobierno federal para obligar a tomar decisiones personales en materia de salud.
Para hacer frente a la pandemia de coronavirus de forma más agresiva, Biden está recurriendo a varias palancas del poder presidencial: está utilizando una disposición de emergencia de la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional de 1970; está amenazando con retener la financiación federal de los hospitales y otras organizaciones de atención sanitaria; y está haciendo uso de su autoridad como jefe ejecutivo de la extensa fuerza de trabajo federal y sus contratistas.
En conjunto, las acciones del presidente son un uso asertivo de su jurisdicción sobre la vida estadounidense como ocupante del Despacho Oval. Hasta el jueves, bajo el liderazgo del Sr. Biden, la Casa Blanca había sido mucho más cautelosa a la hora de imponer vacunas que sus homólogos de todo el mundo, especialmente en Europa.
El viernes, ante las acusaciones de los republicanos de abuso de poder y las amenazas de demandas, Biden tuvo una respuesta sencilla.
“Que lo hagan”, dijo.
