Para ayudar a financiar sus nuevas iniciativas, el gobierno de Biden quiere que los bancos comuniquen más información sobre sus clientes y los titulares de las cuentas no están contentos.

Cuando el gobierno de Biden buscó formas de pagar el amplio proyecto de ley de política social del presidente, propuso aumentar los ingresos mediante la represión de 7 billones de dólares en impuestos no pagados, en su mayoría de los estadounidenses ricos y de las empresas.

Para ayudar a encontrar esos fondos, la administración quiere que los bancos den al Servicio de Impuestos Internos nuevos detalles sobre sus clientes y proporcionen datos sobre las cuentas con depósitos o retiros anuales totales de más de 600 dólares. Esto ha provocado un gran revuelo entre los bancos y los legisladores republicanos, que afirman que otorgar a Hacienda tal poder sería una enorme violación de la privacidad y una extralimitación del gobierno.

Los bancos y sus grupos comerciales están realizando campañas publicitarias y de envío de cartas para concientizar -y preocupar- sobre la propuesta. Como resultado, los bancos, desde Denver hasta Filadelfia, afirman que están recibiendo un aluvión de llamadas, correos electrónicos y quejas en persona tanto de ahorradores como de propietarios de pequeñas empresas preocupados por la propuesta.