Jeffrey Clark y Garr Keith Hardin fueron víctimas de un injusto proceso por asesinato cerca de Louisville, Kentucky, a mediados de los años noventa.

Un informante de la cárcel se inventó una historia sobre la confesión de uno de ellos. La policía no siguió una pista que implicaba una confesión real del asesinato. Un detective deshonesto -Mark Handy, que luego se descubrió que había fabricado pruebas- testificó contra Clark y Hardin. Y el fiscal engañó al jurado sobre una huella dactilar y una muestra de pelo en la escena del crimen.

El jurado condenó a los dos hombres, que entonces tenían poco más de 20 años, y los condenó a cadena perpetua. Pasarían más de 20 años allí antes de que los abogados del Proyecto Inocencia ayudaran a conseguir su liberación, basándose en las pruebas de ADN y en la revelación de la deshonestidad del detective.

En ese momento, cabría esperar que el sistema de justicia penal se disculpara con los dos hombres y los dejara en paz. En cambio, los fiscales anunciaron sus planes de volver a juzgarlos por el asesinato, e incluso añadieron un cargo de perjurio contra Clark. ¿Por qué? En parte porque, en un intento de obtener la libertad condicional mientras estaba en prisión, Clark había decidido admitir el asesinato y expresar su arrepentimiento.

Las audiencias de libertad condicional crean un terrible círculo vicioso para los condenados injustamente. Si admiten su culpabilidad, pueden socavar cualquier intento de anular su condena. Si siguen afirmando su inocencia, pueden condenar su mejor oportunidad de obtener la libertad -la libertad condicional- porque las solicitudes de libertad condicional exigen efectivamente declaraciones de arrepentimiento.