Cuando una empresa israelí lanzó un nuevo producto de espionaje conocido como Pegasus en 2011, cambió la ciberguerra. Pegasus podía descifrar de forma fiable las comunicaciones de los smartphones sin que el usuario del teléfono lo supiera y sin la cooperación de AT&T, Apple o cualquier otra empresa.

El gobierno mexicano compró Pegasus -a NSO Group, la empresa israelí que lo creó- y lo utilizó para capturar a El Chapo, el capo de la droga. Los investigadores europeos utilizaron el producto para desarticular una red de abusos sexuales a menores y detener complots terroristas.

Pero Pegasus también creó algunos problemas, que pronto empezaron a quedar claros. Los gobiernos podían utilizarlo para vigilar y reprimir a los críticos y opositores políticos. México fue un ejemplo: Desplegó el programa espía no sólo contra El Chapo, sino también contra disidentes y periodistas. Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos lo utilizaron contra activistas de los derechos civiles.

El FBI compró una versión de Pegasus en 2019. Desde entonces, los funcionarios estadounidenses de las administraciones de Trump y Biden han debatido si lo utilizan dentro del país y también en el extranjero.

Por ahora, el FBI ha decidido no hacerlo. El Departamento de Comercio fue más allá, añadiendo a NSO a una lista de empresas extranjeras que, según dice, ponen en peligro la seguridad nacional e impidiendo que las empresas estadounidenses trabajen con ella. Aun así, la copia de Pegasus del gobierno estadounidense sigue en un edificio de oficinas de Nueva Jersey, lista para ser encendida si el gobierno federal cambia su política.