En Stamford, Connecticut, un residente de 46 años se declaró culpable tras destinar una parte de los 4 millones de dólares de la ayuda por coronavirus a la compra de un Porsche, un Mercedes y un BMW.

En Somerset, Nueva Jersey, una mujer de 51 años supuestamente se inventó empleados, infló salarios y fabricó declaraciones de impuestos completas para cobrar 1 millón de dólares en préstamos.

Y en San Petersburgo, Florida, un juez federal condenó a prisión a un hombre de 63 años que obtuvo 800,000 dólares en nombre de empresas que no existían.

Aproximadamente dos años después de que los legisladores aprobaran su primer tramo de fondos de rescate, el gobierno se enfrenta a un reto: cómo supervisar su propio esfuerzo de estímulo. Con un total de casi 6 billones de dólares, los préstamos, las subvenciones, los cheques directos y otras ayudas de emergencia suman más que todo el presupuesto federal del año fiscal anterior a la llegada del coronavirus, lo que crea una tensión única para que los responsables políticos del país se aseguren de que los fondos se han utilizado bien.