La controvertida ley de Florida, apodada por los críticos como “Don’t Say Gay”, ya está dando lugar a disputas y a consecuencias.

Tras la promulgación de la ley, la compañía Walt Disney escribió en un comunicado que su “objetivo” era conseguir que la ley fuera derogada o derrotada en los tribunales.

Disney es el mayor empleador privado de Florida, y había recibido presiones para pronunciarse sobre la medida.

Ahora, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha señalado su apoyo a un esfuerzo liderado por los republicanos para derogar una disposición de 55 años de antigüedad que permite a la compañía de entretenimiento operar como un gobierno independiente en torno a su parque temático del área de Orlando.

El ex CEO de Disney, Bob Iger, se unió a las voces que condenan la ley, diciendo a Chris Wallace en CNN+ que no es política, “se trata de lo correcto y lo incorrecto”.

Dos grupos de defensa de los derechos LGBTQ, a los que se han unido estudiantes, padres y un profesor, han presentado ya la primera demanda federal que impugna la nueva norma.