En el caso de la demanda que la actriz Gabriela Spanic interpuso en contra del periodista de Imagen, Gustavo Adolfo Infante, las autoridades, según ella, fallaron a su favor, por lo que no tendría que pagar la indemnización que le debe al conductor y periodista, después de que le ganó una demanda por presunto daño moral que interpuso en su contra. Sin embargo, parece ser que esto no es correcto.
Para conocer más detalles, el staff de “De Primera Mano”, se contactó con el licenciado Alonso Beceiro, quien representa legalmente a Infante, y señaló:
“Hay que ser claro en este tema y recordar que la señora demandó a Gustavo en su momento por daño moral y quería un recurso económico y una serie de cosas. Finalmente perdió la primera instancia, perdió la segunda instancia y perdió el amparo, es decir, la señora ya perdió definitivamente todo, no hay forma de revertir eso. Lo que sucede es que, a consecuencia de sus actos, posteriormente tenía que cubrir ella los gastos y costes generados y, bueno, ella se amparó por medio de su hijo, asegurando que no tiene el dinero para mantenerlo y para pagarle a Gustavo. Eso es lo que tenemos en disputa ahorita, ella no ha ganado absolutamente nada, es una mentira total”.
“Recordemos que la que demandó a Gustavo fue ella, esto se gana absolutamente y queda resuelto totalmente. Ahora, consecuencia de eso ya se abre un segundo procedimiento que no tiene relación con el principal y que tiene que ver con lo que ahora por gastos y costes le tiene que pagar a Gustavo, no porque Gustavo haya pedido o demandado a la señora para que le pagara algo, simplemente porque así lo establece la misma legislación mexicana en estos casos cuando alguien demanda de manera infundada. Contra eso, la señora metió un amparo utilizando el nombre de su hijo por los recursos que requiere para poder pagar. Hasta este momento lo que la señora tiene es una suspensión provisional y definitiva en materia de amparo, se le llama suspensión definitiva”.
En síntesis: Gaby Spanic lo perdió y deberá pagar, de no hacerlo, existen mecanismos legales para cobrar la deuda.