El gobierno chileno y la oposición han iniciado conversaciones sobre cómo proceder después de que los votantes rechazaran rotundamente una nueva constitución progresista.

Casi el 62% de los 12.8 millones de votos emitidos el domingo fueron en contra del proyecto propuesto, que habría cambiado drásticamente el país. El voto era obligatorio.

El proyecto habría establecido sistemas nacionales de salud y pensiones, así como consagrado los derechos reproductivos, de educación, de vivienda y de los indígenas. Pero la redacción de los mismos era vaga y la desinformación se extendió, creando incertidumbre.