En diciembre se impuso el estado de excepción, aeropuertos y carreteras se convirtieron en escenario de algunos enfrentamientos, y cientos de turistas extranjeros quedaron varados en el país en medio del caos.

Hasta la fecha, decenas de personas han muerto en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, y grupos de derechos humanos alegan que las autoridades hicieron un uso excesivo de la fuerza contra las protestas, incluidas armas de fuego.

El cargo de la nueva Presidenta de Perú, Dina Boluarte, parece ahora tan asediado como el de su predecesor.

En enero, la fiscalía superior de Perú abrió una investigación sobre la gestión de los disturbios por parte de Boluarte, y varios de sus ministros han dimitido.