Microsoft dijo hoy que no venderá la tecnología de reconocimiento facial a los departamentos de policía de los Estados Unidos, al menos hasta que haya una ley federal que regule la tecnología.

El anuncio sigue los pasos de los gigantes de la tecnología IBM y Amazon, donde cada uno de ellos puso limitaciones a los planes de venta de reconocimiento facial.

El presidente de Microsoft, Brad Smith, dijo que cualquier legislación sobre reconocimiento facial debe estar firmemente basada en los derechos humanos.

“Necesitamos que el Congreso actúe, no sólo las empresas tecnológicas”, dijo Smith en un evento virtual del Washington Post.

La decisión de Microsoft aumenta la presión sobre los legisladores para que respondan a las protestas centradas en la injusticia racial y la brutalidad policial. Los estudios han demostrado que los algoritmos comerciales de reconocimiento facial frecuentemente identifican erróneamente a las minorías y a la gente de color.

Las empresas de tecnología han ampliado rápidamente sus asociaciones con los organismos encargados de hacer cumplir la ley en los últimos años, proporcionándoles sofisticados instrumentos de vigilancia que han suscitado preocupaciones sobre la privacidad de los ciudadanos y la discriminación.

La subsidiaria de Amazon’s Ring, por ejemplo, tiene asociaciones con más de 1.300 fuerzas policiales en los Estados Unidos. La compañía dijo que pondrá un año de espera en las ventas de su tecnología de reconocimiento facial a las fuerzas del orden.

IBM a su vez dijo en una carta al Congreso que ya no venderá servicios de reconocimiento facial de propósito general, y dijo que ya no invertirá en investigación y desarrollo de la tecnología.

Los defensores de las libertades civiles acogieron con satisfacción el anuncio de Microsoft, pero pidieron más.

“También instamos a estas empresas a trabajar para cerrar para siempre la puerta al sórdido capítulo de la vigilancia excesiva de las comunidades negras y morenas, incluidas las tecnologías de vigilancia que las perjudican de forma desproporcionada”, dijo Matt Cagle, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles del Norte de California.