Los funcionarios chinos han reconocido oficialmente que las tasas de natalidad en Xinjiang han disminuido en casi un tercio en 2018, en comparación con el año anterior y negaron las denuncias de esterilización forzosa y genocidio por parte de las autoridades de la región del extremo occidental.
Estas no son las primeras acusaciones de abusos generalizados de los derechos humanos por parte del gobierno chino en Xinjiang. Se cree que hasta 2 millones de uigures y otras minorías musulmanas han sido colocados en centros de detención masiva en la región, según el Departamento de Estado de EE.UU., donde supuestamente han sido objeto de adoctrinamiento y abusos.
Beijing afirma que estos centros son voluntarios y ofrecen formación profesional como parte de un programa de des-radicalización en Xinjiang, que ha visto una serie de ataques violentos en los últimos años.
Pero se encontró que algunas mujeres uigures estaban siendo obligadas a usar anticonceptivos y a someterse a la esterilización como parte de un intento deliberado de reducir las tasas de natalidad entre las minorías en Xinjiang.
